Europa enfrenta un cambio fiscal radical que podría redefinir el concepto de libertad financiera para sus ciudadanos. Con el nuevo enfoque de tributación basada en la ciudadanía en Europa (o citizenship-based taxation), algunos países europeos, liderados por Francia, planean imponer un sistema de tributación global sobre sus ciudadanos, incluso si viven en el extranjero. Este modelo de impuestos, similar al de Estados Unidos, exige a los ciudadanos declarar y, en muchos casos, pagar impuestos sobre sus ingresos globales sin importar dónde residan.
La raíz de esta tendencia fiscal se encuentra en la creciente necesidad de ingresos públicos para cubrir el aumento de gastos tras la pandemia y otras crisis financieras. A diferencia de los sistemas tradicionales de tributación mundial en los que los impuestos se aplican solo a los ciudadanos que generan ingresos dentro del país, la tributación por ciudadanía se centra en la nacionalidad. Esto significa que el simple hecho de ser ciudadano de un país europeo podría conllevar obligaciones fiscales, incluso si el contribuyente reside en una jurisdicción con baja o nula carga tributaria.
Este cambio en la política fiscal despierta preocupaciones sobre la fuga de capitales y el éxodo de talentos. La historia ya ha mostrado ejemplos, como en la antigua Roma, donde los impuestos desmesurados llevaron a los ciudadanos y empresarios a buscar territorios más amigables fiscalmente, debilitando al imperio desde dentro.
Hoy, los expatriados europeos enfrentan una situación similar: ¿valdrá la pena mantener la ciudadanía europea si se convierte en una carga fiscal ineludible?
Este enfoque podría afectar a quienes consideran sus inversiones o ingresos en el extranjero como parte de su estrategia de libertad financiera y planificación patrimonial.
Indice del artículo
Francia y la Tributación Basada en la Ciudadanía en Europa
Francia está explorando un modelo de tributación basada en la ciudadanía que, similar al sistema de EE.UU., impondría impuestos a los ciudadanos franceses que viven en el extranjero, especialmente en países de baja tributación.
Este proyecto, impulsado por la Comisión de Finanzas de Francia, requiere que los ciudadanos franceses que hayan residido en el país por al menos tres de los últimos diez años antes de emigrar paguen impuestos en Francia, incluso si ya no son residentes fiscales.
Este sistema impactaría a aquellos que residen en países cuya carga fiscal es al menos un 50% inferior a la de Francia, enfocándose en jurisdicciones consideradas de baja tributación para asegurar que los ciudadanos no evadan sus responsabilidades tributarias hacia el estado francés.
La propuesta incluye mecanismos para evitar la doble tributación, como créditos fiscales que cubrirían los impuestos pagados en el país de residencia del contribuyente, pero el ciudadano aún tendría que completar la diferencia para alcanzar el nivel impositivo de Francia.
Este enfoque se aplicaría no solo a los ingresos, sino también a impuestos sobre sucesiones, ganancias de capital y dividendos. La propuesta ha generado un debate profundo en el Parlamento francés. Por un lado, el grupo de extrema izquierda que impulsa esta medida defiende que los ciudadanos franceses tienen «deberes de ciudadanía» que incluyen contribuir económicamente, incluso si no viven en el país.
Por otro lado, varios representantes políticos, como Roland Lescure, representante de los franceses en Estados Unidos y Canadá, advierten sobre la carga adicional para los expatriados y la complejidad de aplicar esta ley sin acceso a los servicios públicos franceses. Los opositores señalan que este tipo de medidas podría desalentar la inversión y promover la salida de ciudadanos con alto poder adquisitivo a territorios más flexibles fiscalmente.
Francia enfrenta desafíos significativos para implementar este sistema, ya que necesitaría modificar tratados bilaterales de doble imposición con más de 100 países, algo complejo pero no imposible según los legisladores que apoyan el proyecto.
Para el gobierno francés, este modelo también responde a una necesidad de incrementar los ingresos fiscales. Los impulsores del proyecto defienden esta medida como una extensión de los «deberes de la ciudadanía», lo que sugiere que el concepto de ciudadanía podría implicar responsabilidades financieras a nivel internacional.
El proyecto de ley sigue avanzando en el Parlamento, y se esperan modificaciones y debates adicionales para ajustar el texto a la legislación europea y a los tratados internacionales antes de su implementación. Este enfoque de Francia podría marcar el inicio de una tendencia en Europa, un cambio que redefiniría la relación entre ciudadanía y obligaciones fiscales en el contexto global.
El Reino Unido y la Tributación Global para Expatriados
Para el Reino Unido, la propuesta de implementar un sistema de tributación global para expatriados británicos ha ganado relevancia en medio de presiones fiscales y la necesidad de incrementar los ingresos públicos tras la pandemia. A diferencia de otros países europeos, el debate británico ha estado marcado por el concepto de “responsabilidad fiscal global”, en el cual los expatriados podrían tener que contribuir al sistema fiscal del Reino Unido sin importar su lugar de residencia. Este concepto, similar al sistema de impuestos por ciudadanía de EE.UU., busca cerrar el déficit en las finanzas públicas del país como no, a base de subir los impuestos.
La posible implementación de esta medida también responde a la restauración del derecho al voto para los expatriados británicos, una decisión que permite a los residentes en el extranjero mantener cierta influencia en la política interna.
Al recibir derechos electorales, algunos políticos defienden que estos ciudadanos también deberían asumir obligaciones fiscales, con el argumento de “no representation without taxation”. Este enfoque se dirige particularmente a ciudadanos de altos ingresos o aquellos que se mudan a jurisdicciones de baja tributación para evitar pagar impuestos más elevados en el Reino Unido.
La implementación de este sistema podría tener consecuencias significativas. La introducción de una tributación global podría desalentar a profesionales y empresarios internacionales. Esto también podría llevar a un aumento de la fuga de capitales y de ciudadanos que buscan optimización fiscal en países que ofrecen ventajas fiscales territoriales.
A diferencia de Francia, que ya ha impulsado un proyecto formal, el Reino Unido aún evalúa la viabilidad y posibles efectos de esta política, especialmente en cuanto a la recaudación de ingresos sin perjudicar su competitividad económica.
China, otros Ejemplo Internacional de Tributación Basada en la Nacionalidad
China ha estado fortaleciendo su sistema de tributación global, especialmente para ciudadanos que trabajan o residen en Hong Kong y otras jurisdicciones. En los últimos años, China ha endurecido la supervisión sobre ingresos en el extranjero, obligando a que ciertos empleados de empresas estatales y otros ciudadanos que no son residentes permanentes en Hong Kong declaren sus ingresos globales en China.
Aunque la normativa para ciudadanos en el extranjero no es tan estricta como el modelo estadounidense de tributación por ciudadanía, los cambios recientes han generado una mayor vigilancia, lo que puede interpretarse como un movimiento hacia una política de tributación universal.
Un componente clave de este sistema es la “regla de los seis años”. Según esta norma, los ciudadanos extranjeros o chinos que residen en el país por más de 183 días cada año durante seis años consecutivos sin salir por un periodo mayor a 30 días, estarán sujetos a impuestos sobre sus ingresos globales.
Esto incluye todas las fuentes de ingresos, como salarios, regalías, dividendos, intereses e incluso ingresos por la venta de propiedades en el extranjero. Los ciudadanos pueden evitar la tributación global rompiendo esta continuidad de seis años, aunque el sistema se vuelve cada vez más restrictivo a medida que el país intenta cerrar las vías para la supresión de libertad de sus ciudadanos.
¿Hacia Dónde se Dirige Europa con estas Políticas?
Europa se enfrenta a un dilema: la necesidad de recaudar ingresos adicionales mediante políticas de tributación global versus el riesgo de perder capital y talento. Estas políticas plantean interrogantes sobre el futuro de la libertad financiera para los ciudadanos europeos y sobre el impacto de imponer gravámenes universales, siguiendo ejemplos de países como EE.UU. y China.
Para los ciudadanos que buscan una mayor libertad fiscal y patrimonial, esta situación abre la puerta a opciones de residencia y ciudadanía en jurisdicciones con fiscalidad territorial. Países en América Latina y el sudeste asiático ofrecen ventajas fiscales significativas sin ataduras globales, fomentando un entorno que premia la prosperidad sin restricciones impositivas excesivas.
En conclusión, estas políticas invitan a reflexionar sobre la posibilidad de adoptar alternativas que garanticen flexibilidad fiscal. El llamado a la acción para ciudadanos, especialmente aquellos de alto poder adquisitivo y movilidad internacional, es considerar seriamente opciones de residencia en jurisdicciones más amigables fiscalmente.
